Contraloría auditará patrimonios de Nenecho y Prieto

La Contraloría General de la República (CGR) inició auditorías patrimoniales a los exintendentes Óscar “Nenecho” Rodríguez, de Asunción, y Miguel Prieto, de Ciudad del Este. El objetivo es cotejar las declaraciones juradas que ambos presentaron al dejar sus cargos con los registros oficiales de diversas instituciones.

El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, explicó que ya se recepcionó la declaración de baja presentada por Rodríguez el 10 de septiembre. En su documento, el exintendente capitalino reportó un patrimonio superior a G. 250 millones, frente a los poco más de G. 110 millones declarados al asumir la jefatura comunal. El incremento será examinado mediante informes financieros y registrales.

Nenecho declara leve aumento patrimonial y sin bienes en Asunción

Torres recordó que este procedimiento es independiente de los procesos judiciales que enfrenta Rodríguez, actualmente imputado por presuntas irregularidades durante su administración. También señaló que se consultará al Registro Civil para determinar su régimen matrimonial y definir si corresponde analizar los bienes de su esposa, la senadora Lizarella Valiente (ANR-HC).

En el caso de Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, la Contraloría detectó un aumento de alrededor de G. 600 millones en su patrimonio. Al inicio de su gestión declaró unos G. 1.500 millones y al finalizar aproximadamente G. 2.100 millones. Este crecimiento también será revisado con apoyo de informes tributarios, bancarios e inmobiliarios.

Unite a nuestro canal de Whatsapp

El procedimiento de “examen de correspondencia” no se limita a los documentos entregados por los exintendentes, sino que abarca un rastreo integral de activos y pasivos en el sistema financiero y en registros públicos. Según Torres, el objetivo es establecer si los bienes declarados coinciden con la realidad y si existen activos no reportados.

El director estimó que el trabajo de auditoría puede extenderse entre dos y cuatro meses, dependiendo de la complejidad de cada caso y la rapidez con que las instituciones respondan a los requerimientos de información.

Fuente: ABC Color