Economía

Brasil impulsa baja de tarifa de Itaipú desde 2027

El avance legislativo en Brasil para reducir la tarifa de Itaipú presiona a Paraguay. Sin señales de negociación interna, peligran recursos para programas sociales y se agrava la incertidumbre sobre el Anexo C a partir de 2026.

Santiago Peña y Lula da Silva. Gentileza

El Congreso de Brasil avanza en una propuesta para que, desde 2027, la tarifa de Itaipú refleje únicamente los costos operativos. El cambio excluiría los gastos socioambientales del cálculo tarifario y modificaría la estructura de ingresos de la binacional. En Paraguay, el Ejecutivo aún no exhibe una hoja de ruta pública para la renegociación que regirá tras 2026.

Mientras en Brasil la Comisión de Infraestructura del Senado analiza limitar el precio de la energía a 12 dólares por kilovatio, en Paraguay no se registran iniciativas oficiales equivalentes. La falta de discusión interna contrasta con la postura del gobierno brasileño, que ya manifestó su preferencia por una tarifa basada en costos.

En el plano político local, el diputado Raúl Benítez anunció que impulsará el debate en el pleno. Recordó que el acuerdo vigente establece una tarifa de 19,28 dólares por kW-mes para 2024, 2025 y 2026, y alertó que, sin nuevos pasos sobre el Anexo C, los fondos provenientes de excedentes vendidos a Brasil dejarán de fluir.

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Organizaciones del sector eléctrico expresaron inquietud por el uso futuro del excedente paraguayo. Sitrande advirtió que el consumo interno podría absorberlo antes de 2031, debido a concesiones a criptomineras, industrias electrointensivas y centros de datos. Con menor excedente, el margen de negociación binacional se reduciría.

El sindicato vinculó además la estrategia local con un mayor énfasis en atraer inversiones de data centers, alineadas a propuestas de actores internacionales. Para Paraguay, la combinación de menor tarifa y menor excedente impactaría directamente en las finanzas públicas, al depender numerosos programas de los recursos de Itaipú.

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Entre las preocupaciones centrales figura el financiamiento de Hambre Cero, que provee alimentación escolar a más de un millón de estudiantes y demanda alrededor de 375 millones de dólares al año. A esto se suma la falta de un mecanismo de transparencia plenamente operativo para rastrear el destino de los montos generados por la binacional.

Fuente: LPO