Criptominería oficial: El cuestionado proyecto de la ANDE

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) impulsa un proyecto para poner en funcionamiento miles de mineros de Bitcoin confiscados. Esta iniciativa surge en un contexto crítico de cortes de suministro y temperaturas extremas. Mientras la ciudadanía exige estabilidad, la estatal planea convertir almacenes de equipos incautados en su primera operación oficial de criptomonedas. La propuesta se formalizó mediante un memorando con la firma Morphware. El objetivo es reactivar dispositivos que anteriormente operaban de forma ilegal y clandestina.

El plan piloto contempla la instalación de 1.500 equipos en predios controlados por la propia institución eléctrica. Según los informes técnicos, estos dispositivos se encuentran actualmente apilados en depósitos oficiales tras diversos operativos. Sin embargo, la decisión coincide con el periodo de mayor vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional. El consumo estacional presiona las líneas de transmisión, provocando interrupciones constantes en el servicio residencial. Por lo tanto, el uso de potencia para minería genera una fuerte controversia social.

¿Negocio rentable o amenaza al suministro?

El Gobierno defiende la medida como una estrategia para monetizar el excedente energético que no se consume localmente. Además, sostiene que representará una fuente de ingresos estables para las arcas de la binacional. Este movimiento ocurre bajo una agenda de cooperación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La mentoría busca dotar a las autoridades de herramientas para investigar delitos financieros vinculados a activos virtuales. Sin embargo, el enfoque técnico del proyecto ignora las advertencias sobre el agotamiento prematuro de los recursos hidroeléctricos.

La ex viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, calificó esta iniciativa como una “verdadera barbaridad” para el país. Canese argumenta que la criptominería es intensiva en electricidad pero nula en la creación de valor agregado local.

Según datos técnicos, esta actividad genera ni siquiera dos empleos formales por cada megavatio consumido en el sistema. En contraste, la industria tradicional genera más de 700 puestos de trabajo por la misma unidad de potencia. Por lo tanto, el retorno social de esta inversión estatal resulta prácticamente inexistente.

¿Hacia un apagón definitivo en 2030?

Las proyecciones energéticas señalan un escenario alarmante para el futuro cercano. Debido al auge de la criptominería, el límite de uso de energía se alcanzaría en el año 2030. Originalmente, se estimaba que este margen de maniobra duraría hasta el 2040, según los planes anteriores. La aceleración del consumo acorta drásticamente el plazo para buscar fuentes de generación alternativas y sostenibles.

Fuente: LPO