Mafia de los pagarés: Fiscalía acusa a una abogada por estafa a una jubilada

La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público acusó formalmente a la abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez por el hecho punible de estafa. La investigación se enmarca en el esquema conocido como la mafia de los pagarés. Además, la representación fiscal solicitó elevar la causa a juicio oral y público.

El fiscal de la causa, Luis Piñánez, señaló que la profesional ejecutó documentos crediticios de una deuda previamente cancelada. Esta maniobra provocó un perjuicio patrimonial de G. 41.163.052 a la víctima Luciana Bernardet Torres. La mujer es una profesional jubilada del Hospital de Clínicas de San Lorenzo.

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El expediente penal tramita ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 3, cuya titular es la jueza Cynthia Paola Lovera Brítez. Según los antecedentes, la afectada canceló en 2018 una cuenta de G. 3.721.000 ante la Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (AMUCLIN). En esa fecha, la propia imputada ejercía como asesora jurídica de la citada entidad.

¿Cómo operó la mafia de los pagarés con una deuda cancelada?

Al abonar el monto total, la denunciante recibió un documento oficial con firma y sello de Aranda Benítez. La constancia certificaba que la mujer abonó “la totalidad de la deuda contraída con la Asociación”. No obstante, en la misma jornada se habría elaborado un documento paralelo por G. 3.784.944 para simular un supuesto pago en cuotas.

Cinco años después, en noviembre de 2023, la jubilada descubrió retenciones sorpresivas en su cuenta de ahorro del Banco Nacional de Fomento (BNF). Al verificar el origen del débito, constató un juicio ejecutivo promovido por Julia Mabel Acosta Rojas. Dicha persona había adquirido los supuestos derechos crediticios de AMUCLIN para iniciar la demanda.

Un embargo millonario sobre haberes jubilatorios

La demanda judicial se promovió inicialmente por dos documentos de pago que sumaban G. 9.996.203. Sin embargo, la liquidación final trepó a G. 41.163.052 debido a los intereses moratorios, punitorios y las costas procesales. En consecuencia, un juzgado en lo civil ordenó embargar la cuarta parte de los ingresos de la afectada.

Los descuentos mensuales alcanzaron sumas cercanas a G. 1.456.243 en la cuenta bancaria de la mujer. Estas deducciones obligadas se extendieron hasta agosto de 2025 para cubrir la cifra exigida. Así, la jubilada vio mermados sus recursos de retiro de forma continua durante casi dos años.

Irregularidades en las notificaciones y pedido de juicio oral

La fiscalía acreditó que la demandada nunca fue notificada válidamente en el proceso civil. Las cédulas judiciales llegaron a un antiguo lugar de trabajo donde la víctima ya no prestaba servicios desde 2017. Por lo tanto, la afectada quedó en absoluta indefensión para oponer excepciones legales contra los documentos ejecutados.

[ACTUALIZACIÓN] 🟩El fiscal Luis Piñánez, acusó y pidió juicio para la abogada Lourdes Aranda por estafa de la que resultó víctima la enfermera jubilada Luciana Bernardet.

«La conducta desplegada por la acusada reúne los elementos objetivos y subjetivos de la tipicidad del tipo… pic.twitter.com/Kq7TsnvNQK

— El Observador (@observapy) August 21, 2026

Por estos hechos, la representación fiscal concluyó que la acusada actuó con pleno conocimiento de que la obligación pecuniaria estaba extinguida. El Ministerio Público ofreció testimonios, pericias caligráficas e informes bancarios como pruebas concluyentes. Finalmente, el fiscal ratificó el pedido de juicio oral para determinar la responsabilidad penal correspondiente.

Fuente: ABC Color