El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió retirar nuevamente los fueros a la jueza de Paz Carmen Analía Cibils y abrir un nuevo enjuiciamiento en su contra. La magistrada está imputada en la causa conocida como la mafia de los pagarés y ahora enfrenta dos nuevos procesos vinculados a presuntas irregularidades judiciales.
La decisión incluyó además un nuevo pedido de suspensión ante la Corte Suprema de Justicia. Tras un análisis encabezado por la exministra Alicia Pucheta, el JEM reunió seis votos para aprobar el desafuero y el enjuiciamiento de oficio. El proceso disciplinario quedará suspendido hasta que avance la causa penal abierta contra la magistrada.
La primera nueva causa investigada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero se relaciona con un expediente tramitado en abril de 2024 en el Juzgado de Paz de La Encarnación. La empresa PH Sociedad Anónima promovió una acción preparatoria de juicio ejecutivo contra Andrea Lorena Balbuena, cuya dirección figuraba en San Miguel de Tucumán, Argentina.
Investigación por presuntas notificaciones falsas
Según la imputación, la jueza Analía Cibils emplazó a la demandada a comparecer en un plazo de tres días para reconocer firmas en documentos judiciales. El Ministerio Público sostiene que una notificación a una persona residente en el extranjero debía realizarse mediante exhorto judicial, trámite que supuestamente no se cumplió.
Pese a ello, la ujier notificadora Audrey Galeano presentó un informe señalando que la notificación sí fue practicada en Argentina. Posteriormente, ante la falta de comparecencia de la demandada, la abogada Talía Benítez solicitó aplicar el apercibimiento legal. La magistrada declaró que la diligencia fue realizada “en legal forma”, pese a las sospechas sobre la autenticidad de la notificación.
La segunda causa contra la magistrada
La segunda investigación señala que Carmen Analía Cibils habría dictado 38 resoluciones judiciales en supuesta violación de normas procesales civiles. Los expedientes fueron promovidos por la abogada Diana Belén Molinas en representación de Global Enterprises.
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La Fiscalía sostiene que se habrían utilizado informes falsos de notificación elaborados por actuarios y ujieres judiciales. Entre los involucrados aparecen Ricardo Cuevas, Martina Rivela y Nicolás Antúnez. Según la investigación, varios juicios avanzaron sin que los demandados tuvieran conocimiento de las acciones iniciadas en su contra.
Fuente: ÚH
