Corte pide ampliar el uso de tobilleras electrónicas

La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes instó a los magistrados a utilizar más tobilleras electrónicas. El pedido fue formulado durante la sesión plenaria de la máxima instancia judicial. Según los informes mencionados por Llanes, solamente 141 dispositivos están actualmente en uso en Paraguay.

La integrante de la Sala Penal dirigió el llamado a jueces de Garantías, Sentencia y Ejecución. También incluyó a los miembros de los tribunales de Apelación. La ministra consideró que la cantidad de dispositivos utilizados es muy baja frente a la disponibilidad existente.

Llanes sostuvo que las tobilleras electrónicas permiten reforzar el control sobre procesados y condenados. Su aplicación resulta especialmente relevante en casos de violencia doméstica. El sistema permite verificar si una persona incumple una restricción de acercamiento hacia su víctima.

Tobilleras electrónicas permiten un doble control

La ministra recordó que existen normas específicas para implementar este mecanismo de vigilancia. Además, su utilización fue ampliada a diferentes tipos de procesos judiciales. Por ese motivo, pidió a los magistrados considerar esta alternativa al momento de establecer medidas cautelares o controlar el cumplimiento de una condena.

Las tobilleras electrónicas se emplean principalmente para vigilar arrestos domiciliarios. También permiten controlar las distancias impuestas entre procesados y víctimas de violencia familiar. Cuando el usuario cruza el perímetro establecido judicialmente, el dispositivo genera una alerta dirigida a la Policía Nacional.

SOLO 141 PERSONAS CUENTAN CON DISPOSITIVOS |

🗣️ La Corte ya emitió las acordadas necesarias para la implementación progresiva de las tobilleras electrónicas en todo el país.

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— 1000 Noticias (@1000noticiaspy) July 29, 2026

Uso de tobilleras tiene un costo mensual

El servicio tiene un costo aproximado de G. 2.100.000 mensuales para cada usuario. El procesado debe asumir el pago, salvo que el juez lo declare insolvente. En ese caso, la persona podrá acceder al mecanismo sin abonar el monto establecido.

La normativa advierte que el incumplimiento del pago puede ocasionar la pérdida del beneficio. El sistema está vigente en todo el territorio nacional. Para su funcionamiento, el usuario debe contar con energía eléctrica y una conexión estable a internet. Estas condiciones son necesarias para garantizar el rastreo mediante GPS y mantener activo el monitoreo dispuesto judicialmente.

Fuente: ÚH