Diputados analizan que cámaras que apuntan a la calle estén a disposición de la Policía

La Cámara de Diputados tratará el proyecto sobre cámaras de seguridad privadas que busca habilitar a la Policía Nacional a acceder a determinadas imágenes. La propuesta figura como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de este martes. Su contenido ya había generado cuestionamientos relacionados con la privacidad, intimidad y legalidad de las disposiciones planteadas.

El proyecto de ley busca regular la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana. Entre sus disposiciones, pretende permitir que la Policía Nacional acceda a imágenes captadas por cámaras instaladas dentro de propiedades privadas cuando estas se encuentren orientadas hacia la vía pública. La iniciativa es impulsada por el diputado Yamil Esgaib, de la ANR-Honor Colorado.

Otro punto del documento establece requisitos relacionados con la instalación de estos dispositivos. El artículo 3 dispone que las videocámaras u otros medios técnicos similares estarán sujetos a un régimen de autorización ante la Policía Nacional. A su vez, el artículo 12 plantea crear un registro destinado a inscribir y autorizar instalaciones fijas.

Proyecto sobre cámaras privadas establece un registro

Ese registro incluiría videocámaras instaladas por la propia Policía Nacional, comisiones vecinales y particulares. De aprobarse el texto en los términos planteados, la institución policial también quedaría encargada de custodiar las grabaciones obtenidas. Asimismo, tendría responsabilidad sobre el destino de ese material, incluyendo su utilización o posterior destrucción.

Proyecto de Yamil para que cámaras de circuito cerrado que den a la calle puedan estar a disposición de la policía y fiscalía en caso de hechos punibles. @YAMILESGAIB aclara que no se trata de un proyecto de ley que atenta contra la privacidad. pic.twitter.com/lUNQoanN5J

— Luis Acosta (@lacostasoy) August 10, 2026

Esgaib había defendido anteriormente la propuesta bajo argumentos relacionados con la seguridad. Sin embargo, el alcance de las facultades contempladas provocó diferencias entre los propios integrantes de la Cámara de Diputados. Entre los cuestionamientos planteados se encuentra la ausencia de límites suficientemente claros para la aplicación de algunas disposiciones.

Privacidad y legalidad están entre los cuestionamientos

Las principales objeciones apuntaron al eventual impacto de la normativa sobre los derechos a la intimidad y la propiedad. También surgieron advertencias sobre el riesgo de que las herramientas previstas puedan utilizarse para tareas de vigilancia indebida. Estos cuestionamientos acompañaron la discusión legislativa desde que el proyecto comenzó a ser analizado.

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La propuesta ya había sido discutida durante 2024 y posteriormente fue rechazada por la Cámara de Senadores. Desde entonces, su tratamiento quedó postergado. Ahora vuelve al pleno de Diputados con un plazo definido: según el material legislativo, si no es tratado este martes, tendrá sanción automática el próximo 18 de agosto.

Fuente: ÚH