Narco pagó USD 50.000 a fiscales y jueza para blanquearse

El juicio oral contra Walter José Galindo, acusado por narcotráfico y soborno agravado, reveló que el procesado pagó USD 50.000 a funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial para obtener beneficios procesales. Según lo comprobado por el Tribunal de Sentencia, el dinero fue utilizado para conseguir el arresto domiciliario y manipular evidencias en un proceso anterior.

El Tribunal integrado por Pablino Barreto, Juan Dávalos y Ana Rodríguez concluyó la primera etapa del juicio, declarando reprochables las conductas de Galindo y varios coacusados por comercialización de drogas y soborno. En el proceso fueron sobreseídos dos implicados. La acusación fue sostenida por la fiscal María Irene Álvarez.

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Las investigaciones confirmaron que Galindo lideró una estructura de distribución de cocaína por al menos ocho años, operando mediante un sistema de delivery en Asunción. El esquema incluía colaboradores responsables de la mezcla, el transporte y la entrega directa de la droga a los consumidores.

De acuerdo con la acusación fiscal, Galindo logró cambiar cocaína incautada por bicarbonato de sodio con la ayuda de su pareja, Luz Antonella Guerrero, y de sus abogados. Guerrero también participó en la obtención de certificados médicos falsos utilizados para justificar medidas procesales más favorables, como el arresto domiciliario.

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El Tribunal calificó los hechos como comercialización de estupefacientes y soborno agravado, señalando como autores a Galindo y Guerrero. Asimismo, los acusados Gerardo Vallejos, Fernando Silva, Fernando Ocampos y Cristian Galeano fueron declarados reprochables como colaboradores directos en la venta de cocaína. Otros implicados fueron señalados como cómplices secundarios.

La acusada Nayeli Ortiz fue declarada culpable de lavado de dinero por ocultar bienes adquiridos con fondos ilícitos, específicamente un dúplex registrado a su nombre. En cambio, Mauro Rodríguez fue absuelto por falta de pruebas que demuestren su participación en la red criminal.

Fuente: El Observador