Fiscalía acusa a docente por omisión ante acoso escolar

La agente fiscal Vivian Coronel presentó acusación formal contra una profesora guía por una presunta omisión ante un caso de acoso escolar que afectó a un estudiante de 12 años. Además, solicitó al juzgado que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Según los antecedentes, el niño se quitó la vida después de haber sufrido reiterados episodios de hostigamiento. El Ministerio Público investiga el caso bajo la figura penal de violación del deber de cuidado o educación.

Este delito contempla penas de hasta tres años de prisión o multa. Mientras avanza el proceso, la docente permanece en libertad bajo medidas cautelares.

Omisiones institucionales y falta de protocolo

De acuerdo con la investigación fiscal, la profesora guía estaba al tanto de las situaciones de hostigamiento que sufría el estudiante. Sin embargo, presuntamente no aplicó los procedimientos establecidos para atender este tipo de casos.

La investigación no encontró registros de medidas urgentes de protección ni de una intervención concreta. Tampoco se constató que hubiera existido un seguimiento formal ante la situación de violencia entre compañeros.

Según la acusación, esta falta de acción impidió que se activara a tiempo el sistema institucional de protección. La docente tampoco habría informado lo ocurrido a la dirección de la institución ni elaborado los reportes correspondientes.

Hallazgos de la autopsia psicológica

Como parte de la investigación, la fiscal Vivian Coronel ordenó una autopsia psicológica con el objetivo de reconstruir el estado emocional, conductual y psicosocial del niño antes de su fallecimiento.

El análisis permitió establecer una cronología de los hechos e identificar varias señales de alerta relacionadas con el deterioro progresivo de su salud emocional.

La Fiscalía detectó síntomas depresivos, aislamiento, frustración, bajo rendimiento académico y un incremento del riesgo suicida, presuntamente vinculados con el acoso que sufría. Los resultados fueron contrastados con informes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La acusación señala que la profesora no habría aplicado lo dispuesto en la Ley 4633/12 ni en la Resolución 8353/12 del MEC.

El nombre de la procesada se mantiene en reserva para proteger la identidad de las personas involucradas, conforme al artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Fuente: Última Hora