Ordenan auditar empresas en conflicto de la familia Zapag

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno de Asunción dispuso una suspensión urgente. La medida judicial afecta a directivos de Cargo Line Paraguay S.A. y Cimportex Paraguaya I.C.S.A. Esta acción ocurre durante el conflicto de la familia Zapag. Juan José y María Arlette Zapag Benítez fueron separados de sus funciones.

La decisión responde a una medida cautelar impulsada por otros miembros del grupo. Los accionistas exigen la remoción de los actuales administradores por supuestos malos manejos societarios. Buscan determinar las responsabilidades por la gestión de ambas compañías. La magistrada interviniente también suspendió de sus funciones al síndico titular de las empresas, Joaquín Méndez Sampaio.

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Como consecuencia directa, el juzgado designó provisoriamente a Blas Zapag para ocupar un nuevo cargo. Asumió como presidente temporal de las firmas Cargo Line y Cimportex. A su vez, Nora Elizabeth Zapag pasó a integrar ambos directorios como directora titular. Las autoridades intentan asegurar el patrimonio empresarial mientras dure todo el proceso.

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La Justicia ordena intervención judicial de las empresas de la familia Zapag, Cargo Line Paraguay y Cimportex

Un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial dispuso, con efecto inmediato, la suspensión de Juan José Zapag, en su carácter de presidente, y… pic.twitter.com/SQ4ckpHatS

— Agenda Paraguay (@agparaguay) September 16, 2026

¿Qué riesgos procesales motivaron esta decisión judicial?

Para emitir la orden cautelar, la jueza consideró probados los requisitos del Código Procesal Civil. Evaluó la verosimilitud del derecho presentado y el peligro en la demora. Los administradores actuales habrían mostrado una actitud muy renuente ante requerimientos de socios. Esta conducta genera gran incertidumbre sobre el manejo real de los bienes.

La magistrada Mafalda Cameron también mencionó deficiencias contables y situaciones anormales en el giro comercial. Si los directivos cuestionados mantenían sus funciones, conservarían el control total de la administración. Además, tendrían acceso directo a documentos vitales para el avance del proceso judicial. El juzgado consideró imperativo proteger estos importantes registros internos.

La jueza sostuvo que la actual situación pondría “en serio riesgo la utilidad de un futuro pronunciamiento”. Descartó aplicar alternativas menos severas, como exigir firmas conjuntas para operaciones relevantes. El control cotidiano de los sistemas bancarios requería una estricta suspensión funcional inmediata. Aclaró expresamente que esta separación no implica una remoción definitiva.

¿Cómo avanza la intervención en el conflicto de la familia Zapag?

Para garantizar la total imparcialidad, el juzgado ordenó una intervención judicial específica. El procedimiento alcanza a las firmas Cargo Line y Cimportex bajo la estricta normativa vigente. Un perito de la Corte Suprema ejercerá tareas de fiscalización y observación documental. El interventor designado no podrá administrar fondos ni cogestionar las empresas comerciales.

¿Cuáles son las millonarias irregularidades denunciadas en tribunales?

La acción principal denuncia un presunto mal desempeño y abuso de las facultades administrativas. Según la demanda, Juan José Zapag transfirió un total de USD 1.338.000. Instruyó debitar este dinero de Cargo Line para enviarlo a una cuenta personal. Blas y Nora Zapag nunca recibieron respuestas formales sobre este llamativo débito bancario.

Finalmente, los accionistas denunciantes cuestionan el proyecto inmobiliario Nextar, valorado en USD 9,7 millones. El inmueble figura a nombre de Cimportex, pero el financiamiento fue asumido por Cargo Line. Juan José Zapag firmó contratos en representación de ambas sociedades sin actas de directorio. Estas graves acusaciones deberán determinarse mediante una sentencia definitiva.

Fuente: Judiciales.net