Fiscales imputados siguen activos por demoras judiciales

Dos fiscales procesados por hechos punibles continúan en sus cargos debido a retrasos administrativos entre instituciones. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) aún no notificó los pedidos de suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta situación afecta directamente a los agentes Bernardo Javier Elizaur Aguirre y Rubén Darío Riveros Medina. Ambos fueron imputados por cohecho pasivo agravado tras operativos fiscales. Sin embargo, siguen operativos dentro de la estructura del Ministerio Público.

El fiscal Bernardo Elizaur cayó en octubre durante una entrega vigilada de dinero en Emboscada. Supuestamente solicitó G. 7.000.000 para allanarse a un sobreseimiento. Por su parte, Rubén Riveros fue procesado en noviembre por presunta coima y extorsión en Alberdi. En su caso, se investiga una supuesta connivencia con un abogado para liberar a un procesado. A pesar de la gravedad de los cargos, el circuito de firmas en el JEM impide que la Corte reciba las resoluciones.

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La lentitud en el proceso responde a un cambio en la reglamentación interna de la máxima instancia judicial. Anteriormente, la Corte actuaba tras recibir una comunicación vía oficio del Jurado. No obstante, la Acordada N° 1.701 del año 2023 exige ahora contar con las resoluciones firmadas digitalmente. También requiere los antecedentes completos del caso para dictar medidas cautelares. Recién en 2025 se empezó a aplicar con rigor este reglamento burocrático. Esto ralentiza significativamente la suspensión de magistrados y fiscales bajo sospecha.

En el caso de Elizaur, el proceso interno suma una particularidad familiar. Su primo es el diputado colorado Alejandro Aguilera, quien integra el Jurado de Enjuiciamiento. Aunque el legislador se inhibió de participar por cercanía, el expediente sigue estancado en el “circuito de firmas”. Mientras los documentos no lleguen a la Corte, los ministros no pueden tratar la suspensión. Por lo tanto, los agentes mantienen sus fueros operativos y perciben sus salarios normalmente.

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Ante la falta de una orden de suspensión judicial, el Fiscal General tomó medidas administrativas. Emiliano Rolón firmó la Resolución FGE N° 5224 para realizar reasignaciones en el interior del país. Bernardo Elizaur fue enviado a unidades penales y de lucha contra el abigeato en San Pedro. Rubén Riveros, por su parte, cumplirá funciones en la localidad de Filadelfia, en el departamento de Boquerón. Estos movimientos tendrán efecto legal a partir del próximo 23 de diciembre.

La permanencia de estos agentes en el sistema genera críticas sobre la transparencia institucional. La reasignación a unidades del interior es vista como una solución temporal ante la traba burocrática. Mientras el JEM y la Corte no agilicen sus comunicaciones, los procesados por corrupción seguirán ejerciendo la acción penal. El Ministerio Público defiende estas movidas como necesarias para cubrir vacancias operativas. Sin embargo, el estancamiento de los expedientes de suspensión sigue favoreciendo la impunidad administrativa de los agentes.

Fuente: ABC Color