Intervienen juzgado de Lambaré por documentos fuera de registro

El Ministro Superintendente, Eugenio Jiménez Rolón, ordenó la intervención inmediata del Juzgado de Paz de Lambaré ubicado en Cacique Lambaré 171 c/ Pratts Gill.

La medida surge tras el hallazgo de 38 expedientes judiciales ocultos fuera del recinto oficial. Estos documentos no figuraban en el sistema administrativo ni estaban en trámite legal. Por lo tanto, se dispuso una auditoría urgente para analizar el origen de los archivos.

La irregularidad fue detectada por la magistrada Lidia Fariña. Ella se desempeña como jueza de J. Augusto Saldívar e interina actualmente en la sede de Lambaré. Durante sus labores de control, la jueza constató que los expedientes aparecieron repentinamente en el lugar. Sin embargo, no existía registro previo de estos documentos en las plataformas oficiales del juzgado.

Medidas de seguridad y custodia de evidencias

Ante la gravedad del hecho, el doctor Jiménez Rolón instruyó el inventario exhaustivo de la documentación recuperada. Además, solicitó que los archivos permanezcan bajo estricta custodia para garantizar su integridad. El objetivo principal es determinar por qué estos procesos se mantuvieron fuera del control institucional. Por ello, la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional ya inició las verificaciones técnicas.

La Superintendencia también ordenó reforzar la seguridad en la sede judicial afectada. Se dispuso el reemplazo inmediato de todos los accesos al edificio de Lambaré. Asimismo, agentes de la Policía Nacional custodian el sitio para evitar la manipulación de posibles evidencias. Estas acciones buscan prevenir la extracción de cualquier documento relevante para la investigación en curso.

Investigación técnica y responsabilidad administrativa

Funcionarios de auditoría elevarán un informe detallado sobre el estado de cada expediente hallado. El equipo técnico verificará si existen irregularidades procesales o daños al patrimonio jurídico de las partes involucradas. La Corte Suprema de Justicia pretende esclarecer la responsabilidad de los funcionarios encargados de estos archivos. Por consiguiente, el proceso administrativo se mantendrá activo hasta identificar a los implicados.

Fuente: El Observador