La investigación por la presunta extorsión a un conductor de plataformas por parte de tres policías ha tomado un nuevo giro. El fiscal Alejandro Cardozo solicitó una prórroga de dos meses para la presentación del requerimiento conclusivo, argumentando la complejidad del caso y la necesidad de realizar operaciones técnicas y análisis de datos de los teléfonos incautados. El juez Rolando Duarte accedió a la petición, extendiendo el plazo hasta el 25 de julio de 2024.
Los policías imputados son el Suboficial Ayudante Alejandro Carlos Eduardo Rocca Osorio y el Suboficial 1° Marcelo Barrios, acusados de privación de libertad y extorsión en calidad de autores, y el oficial inspector Cristhian Fabian Rodríguez, señalado por inducción a un subordinado a cometer hecho punible en calidad de autor, privación de libertad y extorsión en calidad de instigador.
Según la imputación, los hechos ocurrieron el 31 de diciembre cuando Juan Guillermo Aranda Gómez, conductor de las plataformas Uber y Bolt, fue interceptado por los policías. Supuestamente, encontraron una bolsita con pastillas, presuntamente drogas prohibidas, en su vehículo. Aranda Gómez fue trasladado a la Comisaría Segunda Asunción, donde se le habría exigido el pago de 3 millones de guaraníes para evitar ser enviado a la cárcel de Tacumbú por tráfico de drogas.
Se sospecha que Víctor Manuel Dávalos, el pasajero que solicitó el viaje durante el cual se produjo la detención, podría ser cómplice de los uniformados, ya que escapó durante el procedimiento. Además, los policías habrían borrado mensajes y fotografías relacionadas al procedimiento del teléfono de la víctima, en un aparente intento por eliminar evidencias.
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La defensa de los imputados, representada por el abogado Juan José Galmez Elgueta, cuestionó la solicitud de prórroga, argumentando que la Fiscalía tuvo cuatro meses para recolectar elementos de cargo y no intentó agregar elementos de descargo, a excepción de la indagatoria de sus clientes Barrios y Rodríguez, programada para el 20 de julio a solicitud de la defensa. Sin embargo, al no haber oposición por parte de las otras defensas, se allanó al pedido fiscal.
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La prórroga concedida por el juez Duarte busca garantizar que se realicen todas las diligencias necesarias para determinar la verdad y establecer las responsabilidades correspondientes en este delicado caso de presunta extorsión.
Fuente: El Observador
