Accionan ante la Corte por triple choque en Luque-San Ber

Ceveriano Jacquet Olmedo, padre de una de las víctimas del triple choque ocurrido en noviembre de 2024 sobre la ruta Luque-San Bernardino, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para ser incorporado como querellante en la causa penal abierta por el hecho.

La acción responde a una resolución del Tribunal de Apelaciones que lo excluyó del proceso, alegando que la única persona con legitimación para querellar sería su nieta, una menor de ocho años que reside fuera del país. La medida revocó una decisión anterior del Juzgado de Garantías.

El accidente fue protagonizado por Eugenio María Sanabria Vierci, quien conducía en estado de ebriedad. En el siniestro fallecieron cuatro personas: Osvaldo Darío Jacquet, su esposa Kristin María Blumerother, su hijo Philipe Jacquet Valdez, y Nancy Ángeles Chena Vallejos, ocupante de otro vehículo.

La causa penal está caratulada por los hechos punibles de homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre. Sanabria se encuentra imputado y la investigación continúa en etapa preparatoria.

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Jacquet Olmedo sostiene que es el único familiar adulto directo dispuesto a intervenir activamente en el proceso judicial, ante la imposibilidad de su nieta menor de edad de ejercer derechos procesales por sí misma desde el exterior.

La defensa de Sanabria planteó una excepción de falta de acción, alegando que el padre de la víctima carece de legitimación activa. Aunque esta postura fue rechazada en primera instancia, el Tribunal de Apelación revocó esa resolución, dejando sin efecto su participación.

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La acción de inconstitucionalidad promovida por Jacquet argumenta que la exclusión de familiares cercanos en ausencia de querellantes legítimos residentes en el país vulnera el acceso efectivo a la justicia previsto en la Constitución.

El caso se encuentra ahora en manos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que deberá estudiar si la interpretación de la instancia de apelación se ajusta a los principios de participación y tutela judicial efectiva en el proceso penal.

Fuente: Última Hora